El Gobierno declaró estado de emergencia en 796 distritos de 23 regiones del país, entre ellas Amazonas, por el peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027 . La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, tendrá una vigencia de 60 días calendario para la ejecución de acciones de excepción, inmediatas y necesarias, orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como a labores de respuesta y rehabilitación .
En la región Amazonas, la declaratoria comprende 27 distritos distribuidos en las provincias de Bagua, Bongará, Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza. La lista incluye distritos como Aramango y La Peca, en Bagua; Florida y Yambrasbamba, en Bongará; Balsas y Chuquibamba, en Chachapoyas; Camporredondo, Cocabamba, Colcamar, Longuita, María, Ocalli, Ocumal, Pisuquia, Providencia, San Francisco del Yeso, San Jerónimo, San Juan de Lopecancha y Tingo, en Luya; Limabamba y Omia, en Rodríguez de Mendoza; y Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, Jamalca, Lonya Grande y Yamon en Utcubamba.
El dispositivo legal establece que los gobiernos regionales y locales comprendidos serán los encargados de ejecutar las acciones dispuestas, en coordinación técnica y bajo el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) . Asimismo, se contará con la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, además de otras instituciones públicas y privadas involucradas.
El fenómeno El Niño 2026-2027, que combina el desarrollo de El Niño Costero y El Niño del Pacífico ecuatorial central, ha llevado a las autoridades a adoptar medidas preventivas ante la inminente temporada de lluvias . De acuerdo con información del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), el actual episodio de El Niño Costero se prolongaría hasta el verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar magnitud fuerte entre junio y septiembre.
La declaratoria de estado de emergencia busca salvaguardar la integridad de las personas y mitigar los impactos en actividades productivas como la agricultura y la ganadería . Las intervenciones deberán mantener relación directa de causalidad con el evento que motiva la declaratoria y se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
El decreto supremo fue suscrito por el presidente de la República, José María Balcázar; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; y nueve ministros de los sectores involucrados en las medidas a realizar de manera inmediata . La norma busca articular las capacidades del Estado para proteger a la población y sus medios de vida ante el riesgo inminente que representan las intensas precipitaciones pluviales.