La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha emitido una de sus primeras órdenes desde que asumió el cargo, anunciando que los militares asumirán el control del orden interno en la lucha contra la criminalidad en el país. Esta decisión se enmarca en su promesa de campaña de aplicar una "mano dura" contra la delincuencia, que ha sido un tema prioritario en la agenda de seguridad nacional. La medida busca fortalecer la seguridad ciudadana y combatir de manera efectiva las organizaciones criminales que han venido operando en diferentes regiones del país.
La orden presidencial autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional en operativos contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos graves. Según fuentes gubernamentales, esta medida es parte de un plan integral para mejorar la seguridad en Perú, que incluye también la modernización de la infraestructura policial, el aumento de la presencia policial en zonas de alta criminalidad y la implementación de programas de prevención del delito. La presidenta Fujimori ha enfatizado que su gobierno está comprometido con la seguridad de los ciudadanos y que no tolerará la impunidad de los criminales.
La decisión de involucrar a los militares en la lucha contra la criminalidad ha generado diversas reacciones en la sociedad peruana. Mientras que algunos sectores ven esta medida como necesaria para combatir la delincuencia, otros expresan preocupación sobre los posibles riesgos de militarizar la seguridad ciudadana y las potenciales violaciones a los derechos humanos. Expertos en seguridad han señalado que la efectividad de esta estrategia dependerá de la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como de la capacidad del gobierno para abordar las causas profundas de la criminalidad, como la pobreza y la desigualdad.
La implementación de esta orden presidencial se llevará a cabo en varias etapas, comenzando con la identificación de las zonas más críticas del país y la despliegue de unidades militares y policiales en esas áreas. El gobierno ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar abusos de autoridad. La presidenta Fujimori ha convocado a los líderes de los partidos políticos y a representantes de la sociedad civil para discutir los detalles de este plan y buscar consenso sobre las medidas a implementar. La expectativa es que esta iniciativa contribuya a reducir los índices de criminalidad y a mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos peruanos.
En cuanto a las reacciones internacionales, la comunidad internacional ha estado observando de cerca los desarrollo en Perú, especialmente en lo que respecta a la situación de seguridad. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales han expresado su disposición a colaborar con el gobierno peruano en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, ofreciendo asistencia técnica y cooperación en áreas como la capacitación policial y el intercambio de inteligencia. La presidenta Fujimori ha destacado la importancia de la cooperación internacional para enfrentar desafíos globales como el crimen organizado y
