Diego Macera: Volatilidad política impide que Perú lidere la región con crecimiento superior al 4%

LIMA — En un contexto internacional marcado por los altos precios de los metales, el Perú se enfrenta a una paradoja económica que limita su desarrollo social. Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía, ha advertido recientemente que la persistente volatilidad política se ha convertido en el principal lastre que impide al país capitalizar de manera eficiente el actual ciclo favorable de los minerales.

El potencial de crecimiento frente a la realidad

Según el análisis del economista, las condiciones externas actuales son lo suficientemente robustas para que el Producto Bruto Interno peruano se expanda cómodamente por encima del 4% anual. Esta cifra no solo representaría un alivio para las arcas fiscales, sino que posicionaría al Perú como el líder indiscutible en crecimiento dentro de América Latina. Sin embargo, la constante rotación de funcionarios y la incertidumbre institucional están frenando la ejecución de proyectos mineros de gran envergadura.

Minería como motor desaprovechado por el ruido interno

El boom de los minerales, impulsado especialmente por la cotización del cobre en los mercados globales, ofrece una oportunidad histórica que el país no está logrando abrazar plenamente. Macera enfatiza que, mientras otros competidores directos en la región ajustan sus estrategias para captar inversiones, el Perú permanece sumido en tensiones políticas que generan desconfianza en el sector privado y retrasan la toma de decisiones estratégicas.

La necesidad de estabilidad para el desarrollo

Para alcanzar ese anhelado umbral del 4% de crecimiento, el diagnóstico es claro: es indispensable reducir el ruido político y fortalecer la seguridad jurídica. Sin un entorno de predictibilidad, el beneficio de los altos precios internacionales seguirá siendo insuficiente para transformar la economía nacional. La falta de estabilidad no solo afecta los indicadores macroeconómicos, sino que impacta directamente en la capacidad del Estado para generar empleo de calidad y combatir la pobreza de forma sostenida.

Fuente: Diario Gestión