El sector minero peruano enfrenta un panorama crítico debido al incremento de la criminalidad y la falta de garantías para el capital privado. Según datos recientes, el 64% de las compañías vinculadas a esta industria identifica a la inseguridad como el principal obstáculo para concretar nuevas inversiones en el país. Este factor ha superado a otros riesgos tradicionales, convirtiéndose en la mayor preocupación para los directivos del rubro. La situación refleja un deterioro en las condiciones de operatividad que afecta directamente la competitividad nacional.
El avance de la minería ilegal es uno de los componentes más alarmantes dentro de este clima de desprotección. En los últimos cinco años, las denuncias relacionadas con actividades extractivas ilícitas se han duplicado, evidenciando una expansión sin precedentes de estas redes criminales. Este fenómeno no solo genera cuantiosas pérdidas económicas, sino que también provoca graves daños ambientales y conflictos sociales en las zonas de influencia. Las autoridades enfrentan el reto de contener una problemática que parece desbordar las estrategias de control actuales.
A este escenario de inseguridad ciudadana se suma la reciente aprobación de una propuesta normativa en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. La iniciativa busca eliminar la irrevocabilidad de los contratos mineros, una medida que ha generado suspicacia entre los especialistas del sector. Asimismo, el proyecto plantea reducir drásticamente los plazos de las concesiones mineras, pasando de los actuales 30 años a solo 15. Estos cambios legales podrían alterar significativamente las reglas de juego para los inversionistas extranjeros y locales.
Diversos analistas advierten que la reducción de los tiempos de concesión ignora la naturaleza de largo plazo que caracteriza a los proyectos mineros. El desarrollo de una mina requiere periodos extensos de exploración, estudios de impacto y construcción que suelen superar la década. Al acortar estos plazos, se corre el riesgo de hacer inviables económicamente muchas operaciones que aún se encuentran en etapas tempranas. Esta falta de alineación con la realidad técnica del sector podría ahuyentar capitales hacia países con marcos regulatorios más estables.
La combinación de una criminalidad creciente y un marco legal volátil pone en riesgo la posición del Perú como líder minero global. El país necesita recuperar la confianza de los mercados para asegurar el flujo de divisas y la generación de empleo formal. Sin una estrategia integral que combata la ilegalidad y brinde seguridad jurídica, el potencial extractivo nacional podría quedar estancado. El debate en el pleno del Congreso será determinante para definir el rumbo de una de las actividades económicas más importantes del país.
Fuente: El Comercio – Perú
