La orden de captura
Esta semana, el Poder Judicial renovó la orden de ubicación y captura en su contra, lo que frustra, por ahora, su intento de anular la prisión preventiva. Esta decisión del Poder Judicial busca garantizar que Cerrón rinda cuentas por los delitos que se le imputan. Sin embargo, la verdadera batalla se libra en el Tribunal Constitucional, donde se está discutiendo la constitucionalidad de la prisión preventiva y la orden de captura. La situación de Cerrón ha generado gran debate en la opinión pública, ya que muchos consideran que su condición de prófugo es un ejemplo de la impunidad que existe en el país. La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que un individuo con una orden de captura en su contra pueda seguir ejerciendo influencia política y no ser capturado. La respuesta a esta pregunta es compleja y tiene que ver con la forma en que funciona el sistema judicial en el Perú.La batalla en el Tribunal Constitucional
Lo que ocurre en el Tribunal Constitucional merece una particular atención, ya que allí se está discutiendo la constitucionalidad de la prisión preventiva y la orden de captura. La defensa de Cerrón argumenta que la prisión preventiva es inconstitucional y que la orden de captura es ilegal. Sin embargo, la fiscalía argumenta que la prisión preventiva es necesaria para garantizar que Cerrón no obstaculice la investigación y que la orden de captura es legítima. En resumen, la situación de Vladimir Cerrón es un ejemplo de la complejidad del sistema judicial en el Perú. La forma en que se ha manejado su caso ha generado gran controversia y ha puesto en evidencia las debilidades del sistema. Es importante que se garantice que la justicia se aplique de manera igualitaria y que no haya trato preferencial para nadie, independientemente de su condición social o política. La opinión pública espera que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia en este caso.Fuente: El Comercio - Perú