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Martes, Diciembre 11, 2018
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Investigan a policías y a un fiscal por corrupción y lavado de activos

Investigan a policías y a un fiscal por corrupción y lavado de activos

Fiscalía Antidrogas de Chachapoyas indaga posible organización delictiva integrada por civiles y policías, entre ellos un comandante y el piloto de un helicóptero de la DEA. Asesinatos del vicepresidente regional y dos alcaldes ponen en relieve una región amenazada por el incremento del tráfico de opio.

En julio del año pasado, un documento de contrainteligencia elaborado por un equipo especial de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, Dirandro, llegó a las manos de Kelinda Janampa Oscátegui, fiscal especializada en tráfico ilícito de drogas de Chachapoyas.

El documento rotulado como 093–2012-DIVILA-DI-M-INV-EQ-2-FEB daba cuenta de un grupo de policías envueltos en negocios de la droga en la provincia amazonense de Rodríguez de Mendoza.

La nota abundaba en detalles. Señalaba que el comandante Luis López Portocarrero, jefe de Inspectoría de la región policial, y natural de la región, tenía propiedades y vehículos en Chachapoyas y en Lima a nombre de terceros.

También se consignaba a otros ocho policías, entre ellos los comisarios de los distritos de Omia, Limabamba, y un teniente de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) que operaba un helicóptero entregado por el gobierno de los Estados Unidos para la lucha antidrogas.

Las acusaciones alcanzaban a catorce personas de la provincia de Rodríguez de Mendoza, una de ellas con antecedentes por drogas.

Aparecía también como involucrado en estos actos ilícitos el mismo fiscal provincial penal corporativo de Rodríguez de Mendoza, Carlos Moreno, y el único notario en la zona, Aldo Villanueva. El primero era señalado como responsable por omitir denuncias, y el segundo por esconder activos procedentes del tráfico de drogas en esa región.

Los cultivos de amapola en Amazonas se han incrementado estos últimos cinco años, y las mafias han instalado laboratorios para producir látex de opio y ahora morfina, de acuerdo con las autoridades antidrogas de Lima.

La denuncia que tenía en sus manos la fiscal Janampa Oscátegui era bastante grave porque involucraba a autoridades claves de la región, y porque tenía cierto fundamento.

Meses antes, en mayo del 2011, la misma fiscal había detenido a dos efectivos antidrogas de Chachapoyas vendiendo precisamente látex de opio.

La fiscal comunicó inmediatamente a su jefe, el coordinador de las fiscalías antidrogas en Lima, Elmer Ríos Luque. En el oficio se decía que, en su condición de fiscal antidrogas, “era necesario iniciar las investigaciones” y poner en conocimiento de la Fiscalía de la Nación estos hechos, ya que “se estarían cometiendo otros delitos muy graves que serían de competencia de otras fiscalías especializadas”.

Por algunos meses, el respaldo para iniciar la investigación no llegaba desde Lima. Por el contrario, tras revelarse por los medios de comunicación locales una indagación en ciernes, el inspector regional de la Policía de Amazonas, comandante Luis López Portocarrero, dijo a la fiscal que se sometía a una investigación y que para ello renunciaba al secreto de las comunicaciones y al secreto bancario.

Extrañamente, el mismo inspector policial denunció a la fiscal Janampa ante control interno del Ministerio Público por supuestamente haber dado a conocer a los medios información de sus indagaciones.

Pese a los obstáculos y a la indiferencia de las autoridades en Lima, la fiscal antidrogas abrió en diciembre pasado una investigación preliminar contra 25 personas, seis de ellas miembros de la Policía Nacional.

Un mes después, la fiscal Janampa Oscátegui fue retirada de su cargo de fiscal de Chachapoyas y trasladada a Huánuco, al parecer por la rotación usual que se registra entre los fiscales especializados.

Actualmente, la investigación preliminar es seguida por el fiscal Germán Juárez Atoche. El funcionario ha solicitado una ampliación de la indagación a fin de confirmar los signos exteriores de riqueza de los investigados.

Hasta el momento, el principal investigado, el comandante Luis López, es responsable de la Oficina de Inteligencia Regional de la Policía (ORI).

Sicariato y venganzas políticas

Tres autoridades de Amazonas han sido ejecutadas estos meses por razones que podrían estar vinculadas a casos de corrupción y drogas.

En febrero pasado, el vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong López, fue asesinado por un joven que luego confesó haber recibido dinero para ejecutarlo. El alcalde del distrito de Cajaruro, Domingo Guerrero Dávila, y otras tres personas son interrogadas por el asesinato.

El 9 de marzo, el alcalde de Camporredondo, provincia de Luya, fue asesinado cuando caminaba muy cerca de una comisaría.

El 17 de abril, el alcalde del distrito de Cochamal, de la provincia de Rodríguez de Mendoza (Amazonas), Jorge Arista Vargas, recibió un impacto de bala cuando se encontraba en Rioja, región San Martín.

Fuente: Diario La República

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